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"LA TECNOLOGÍA PERMITE HOY INSTALAR SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD CASI EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA"

  • OTIS y Servimedia reúnen a expertos de diferentes disciplinas para debatir sobre ‘Discapacidad y Accesibilidad Universal’
  • Luis Miguel Alcázar (OTIS): “En España hay un millón de edificios de tres alturas o más que no tiene tienen ascensor y miles de personas que están literalmente atrapadas en sus viviendas”

(Madrid, 3 de diciembre de 2015).- En la España de 2015 hay más de un millón de edificios de tres o más alturas que no están equipados con ascensor. Además, un elevado porcentaje de los ascensores instalados no son accesibles para personas con movilidad reducida. Todo ello en un contexto en el que según la normativa vigente, el 1 de enero de 2017 todos los edificios, pero también los productos y los servicios, de interés público deberían ser accesibles.



Con el contexto que ofrecen estos datos y con motivo de la celebración, hoy, 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, OTIS, el mayor fabricante de ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles del mundo, y Servimedia han reunido al director del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Persona y Ayudas Técnicas del Imserso (CEAPAT), Miguel Ángel Valero; al director general del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC), Juan Luis Quincoces; a la directora adjunta de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Fefa Álvarez Ilzarbe; a la vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Patricia Fernández Haring, y al director de Proyectos Especiales de OTIS, Luis Miguel Alcázar, en una mesa de expertos para abordar desde todas las perspectivas posibles el debate sobre ‘Discapacidad y Accesibilidad Universal’.

Un debate marcado por la contundencia de los datos revelados por el informe elaborado en su día por Fundación ONCE, ILUNION Accesibilidad y CERMI que aseguraban que el 70% de la planta inmobiliaria española no era plenamente accesible y que apenas un 2% de las viviendas cumpliría con los requisitos que se establecen en la normativa.

“El problema es que cuando se incumple la normativa no pasa nada”, ha señalado Patricia Fernández Haring, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que ha abogado por inocular el respeto a la accesibilidad desde la base. “Debemos empezar por que en la escuelas de arquitectura haya una asignatura obligatoria de accesibilidad, sólo así lograremos que sea un concepto que se tenga siempre en cuenta a la hora de realizar los proyectos”.

La directora adjunta de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Fefa Álvarez Ilzarbe, ha recordado que el concepto de accesibilidad universal está en la legislación desde el año 1982 y que ha habido que esperar a 2013 para que el Gobierno haya empezado a preocuparse de homogeneizar la normativa que se aplica a nivel local. “En estos años hemos vivido una situación de falta de cumplimiento permanente. Es necesario que haya sanciones, porque hay muy pocas, y hay que pedir a las personas con discapacidad que denuncien más”.

“Hay una situación laxa en relación con la accesibilidad que no se da por ejemplo con los estándares de seguridad”, ha subrayado Juan Luis Quincoces, director general de CENTAC. “La sociedad se debe concienciar y también los profesionales y las empresas, pero sobre todo debe haber una concienciación jurídica que obligue a cumplir las normas”.

Para el director de Proyectos Especiales de OTIS, Luis Miguel Alcázar, el problema de la accesibilidad universal va más allá de su dimensión legal y jurídica. “Nuestro problema no es legislar, es que tenemos un parque de vivienda envejecido”, ha señalado. “Hay un millón de viviendas de tres alturas o más que no tienen ascensor y hay miles de personas que están literalmente atrapadas en sus viviendas como si estuvieran en una cárcel”.

Una situación que, ha subrayado, se podría revertir. “La tecnología disponible a día de hoy facilita las instalaciones, ha reducido drásticamente el consumo energético y permite instalar soluciones de accesibilidad en casi cualquier circunstancia”. Alcázar ha citado el ejemplo de un ascensor diseñado por OTIS que permite sustituir los antiguos ascensores de cuatro plazas no accesibles para personas con movilidad reducida por ascensores de seis plazas que se pueden instalar en el mismo espacio, “porque los desarrollos tecnológicos nos han permitido reducir el tamaño de los componentes electrónicos y optimizar el espacio disponible”.

En este sentido, Miguel Ángel Valero, director de CEAPAT, ha matizado que si bien es cierto que hay tecnología disponible para implantar todo tipo de soluciones de accesibilidad, hay que hacer un esfuerzo porque ésta sea también accesible para todas las personas. “Desde CEAPAT somos defensores del bajo coste. La accesibilidad debe ser asequible pata todos porque si no lo hacemos así corremos caer en la tentación de hacer dispositivos accesibles, pero carísimos”.

Para el responsable de OTIS, al final lo que decide a las empresas a incorporar soluciones de accesibilidad a sus productos o no es lo que llama “la genética empresarial”, es decir, su sensibilidad hacia una determinada problemática. “Dotar a los productos de una determinada tecnología que no es de obligado cumplimiento puede alejarte en un primer momento del ámbito comercial porque al fin y al cabo es un coste”, ha explicado Alcázar. “Nosotros hemos incorporado soluciones de accesibilidad como el código braille, la nivelación para evitar escalones o los sistemas de cierre automático como tecnología estándar a nuestros productos porque tenemos esa conciencia de la necesidad de facilitar la movilidad de todas las personas”.

 

EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN

En opinión de Miguel Ángel Valero, también hay un largo camino por recorrer en las actuaciones administrativas referentes a la accesibilidad. “El mecanismo de Inspección Técnica de Edificios es muy mejorable. Es muy posible que los inspectores no estén suficientemente formados en cuestiones de accesibilidad y que las preguntas que se hacen a la hora de evaluar la accesibilidad tampoco sean las correctas”.

Patricia Fernández Haring se ha mostrado de acuerdo con este planteamiento. “Hay que llegar a una situación en que la supervisión se realice justo cuando se finalice la obra, porque si ésta se realiza diez, quince o veinte años después, la solución del problemas va a ser mucho más complicado”. “La realidad es que si se hace desde el inicio el coste va a ser más reducido que si luego hay que crear estructuras accesibles y adaptarlas a un espacio ya terminado”, ha abundado Juan Luis Quincoces. “Aunque para mí lo más preocupante no es arreglar lo que está mal, sino hacer mal lo que ahora ya sí debería estar haciéndose bien”, ha concluido.

También ha habido tiempo para evaluar la política de subvenciones a la accesibilidad emprendida desde algunos ámbitos de la Administración. Luis Miguel Alcázar ha puesto de manifiesto que en algunos casos no se ha logrado el efecto deseado ya que al meter en el mismo paquete de ayudas la accesibilidad y la eficiencia energética, se ha primado el confort de las viviendas “con lo que las personas que tienen movilidad reducida están mucho más a gusto en sus casas, aunque siguen sin poder salir de ellas”. Y esto cuando las subvenciones han llegado, porque según Fefa Álvarez Ilzarbe hay algunas comunidades autónomas donde esas subvenciones nunca se concedieron lo que ha obligado a vecinos, administradores y productores a asumir la factura.

 

RETOS DE FUTURO

Mirando hacia el futuro, la directora adjunta de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE aboga por concienciar a las autoridades para que incorporen la accesibilidad universal como un criterio más en su gestión cotidiana porque “está demostrado que cuando se diseña pensando en la accesibilidad de las personas con discapacidad los edificios terminan siendo más accesibles para todas las personas”.

En opinión de Juan Luis Quincoces, la solución puede venir, una vez más, de Europa, de la transposición de la directiva de compra responsable de la Unión Europea. “Las Administraciones Públicas gastan muchísimo dinero en comprar bienes y servicios a sus proveedores, pues bien, que les exijan que esos bienes y servicios sean accesibles, pero no como un criterio dentro de complejos pliegos administrativos sino como en los mismos criterios de compra. No habría mejor iniciativa de concienciación que ésa”.

Luis Miguel Alcázar, de OTIS, también ha pedido a las autoridades que tengan en cuenta a las empresas que desarrollan soluciones accesibles para conocer todas las posibilidades. “El criterio de precio no debe ser prioritario en este tema para evitar compras no adecuadas. El desconocimiento hace que no podamos conseguir cosas que tenemos tecnológicamente a nuestro alcance”.

 
 
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